La indefensión del espectador
Por Miguel Ángel Albújar Escuredo
Las organizaciones para legitimarse suelen recurrir a organismos representativos, estos se encargan de hacer llegar las opiniones, sugerencias y quejas de los que representan a quienes toman las decisiones, llámeseles directores, ministros, directivos, concejales, etc. Algunos ejemplos de este mecanismo de representación: el Gobierno de España tiene el Defensor del Pueblo, la Generalitat cuenta con el Síndic de Greuges, y finalmente tenemos el ejemplo de TVE con su Defensora del Espectador, presentadora del programa RTVE Responde.
El programa que nos ofrece actualmente TVE posee una voluntad participativa, algo que la propia defensora denomina como ‘feedback’. Mas allá de que exista en español un término equivalente, ‘realimentación’, este espacio metatelevisivo tiene una intención democrática, que responde a un elogioso esfuerzo por alterar las relaciones unidireccionales entre el aparato televisivo y el receptor de la emisión, todo ello en favor de una actividad bidireccional. Se trata de romper con la tradición, y al mismo tiempo adaptarse a la participación activa de los nuevos medios de comunicación, emulando la naturaleza fugaz e hiperconectada de Internet.
Hasta ahí, sin duda, todo un ejemplo de funcionamiento deseable de lo que debería ser una televisión pública. El problema es que al ver el programa asaltan serias dudas de si el objetivo es tan ejemplarizante como debería. La estructura del programa, opaca y sin un representante de espectadores ajeno a la cadena, contradice la filosofía de TVE. Después de un rápido visionado asaltan algunos interrogantes: ¿cómo se seleccionan las quejas? ¿Cuál es el criterio para sacar en antena las sugerencias y reflexiones del espectador? Alguien malintencionado, tal vez con razón, podría alegar que solo se dan cabida en el programa a aquellas observaciones que tienen una repuesta satisfactoria. En cambio, se dejarían fuera del mismo las más justificas y de difícil defensa. Además, alguien artero y taimado podría ir incluso más lejos en sus insinuaciones: aseguraría que el carrusel de responsables que pasa por el programa y es entrevistado por la presentadora, no busca examinar, localizar y reconocer fallos en la cobertura informativa, sino promocionar las bondades de su trabajo y extender un discurso de excelencia sobre toda la parrilla de la cadena. Esta situación viciaría el punto de vista del que debería partir el programa: el espectador. La triquiñuela cifraría la huída desde este hacia el de los creadores del mismo, y por tanto adolecería de lo que presume: imparcialidad.
Luego estaría la figura clave de la presentadora. Se esperaría de una iniciativa de estas características que la Defensora del Espectador, emulando a los defensores del campo jurídico, optara abiertamente por una acción partidista en favor de los televidentes. Por tanto, actuase desde posturas, si bien objetivas, de marcado carácter acusatorio. Es decir, que fiscalizase rígidamente la actuación profesional de los trabajadores de la televisión pública, así como la producción de ellos resultante. El espectador malintencionado, después de ver el programa emitido el domingo día 3 de marzo en redifusión (emitido originalmente el día antes a las 19:30 horas), juzgaría la actividad de su defensora como excesivamente complaciente para con los que debería controlar. Se trataría de una queja legítima, y una sospecha más que fundada. Cabe preguntarse si una profesional, que según la página Web de la propia cadena lleva trabajando en la misma corporación desde 1984, es decir, casi 30 años, y por lo tanto ha pasado casi toda su vida laboral en ella, puede ejercer un control imparcial en favor de los derechos de los ciudadanos. Por ello la ausencia de un representante de los televidentes, ajeno a TVE, se hace doblemente hiriente, y socava la credibilidad del programa.
En resumidas cuenta, tenemos un programa que dice estar animado por la encomiable empresa del servicio público, aunque solo en su superficie. Muy al contrario, al primer intento de reflexión viene a la mente una batería de sospechas: ¿cómo sé que el patrón para seleccionar las quejas y sugerencias es el adecuado? ¿A qué se le da más relevancia, a aquellas quejas que tienen una base legítima o a aquellas que son fácilmente desactivables? ¿Cómo alguien que tiene contrato con un canal de comunicación, y por tanto depende económicamente de él, puede ejercer una tarea de libre crítica sobre el mismo? Así pues, la estructura interna contradice la primera premisa: delata la permeabilidad del programa a la influencia corporativa y favorece la ausencia de transparencia.