Esta mañana ha comenzado el desalojo de la nave industrial de Poblenou: la criminalización de la miseria
Por Anna Maria Iglesia
@AnnaMIglesia
Esta mañana, los Mossos d’Esquadra se han dirigido hacia la nave industrial de la calle Puigcerdá para comenzar el desalojo de los 300 inmigrantes sin recursos que allí vivían. El derecho a la propiedad ha prevalecido sobre todo derecho humanitario; el derecho a la propiedad en nuestro paradójicamente estado de derecho prevalece frente al derecho, constitucionalmente reconocido, a un techo y a una vivienda digna. Esta mañana comienza el desalojo, una vez más los criminalizados son las víctimas del sistema, una vez más todo intento de subsistir a la miseria y al desamparo se convierte en un acto punible.
Las fotografías publicadas por el New York Times no pasaron desapercibidas, para muchos lectores, la mayoría de ellos ciudadanos no españoles, implicaron el descubrimiento de una realidad desoladora, una realidad que tenía como escenario un país europeo, un país de ese denominado primer mundo, de esa imagen llamada Europa tan perfectamente construida como dramáticamente débil. Para otros, los habitantes de una España excesivamente apaleada, aquellas fotos no eran más que una impostura, el reflejo de una realidad que, si bien no completamente falsa, sí parcial, pues más allá de la miseria, de la creciente pobreza hay otra realidad. Antena 3 no tardó en mostrar aquellas otras imágenes que el New York Times no llegó a mostrar, unas imágenes que mostraban a un país en el que el color y las sonrisas todavía sobrevivían. El periódico norteamericano y el grupo mediático Antena 3 mostraron una cara de la misma manera, los dos medios apostaron por una de las caras, optando por esconder la otra; sin embargo, el color no existe sin el blanco y negro, las sonrisas no se entienden, y en estos días de forma especial, sin las lágrimas, la desesperación, la angustia y la rabia.
El drama mostrado por el New York Times terminó ocupando las primeras páginas de los diarios nacionales, día tras día dio inicio a los telediarios y se convirtió en el tema central de muchos programas dedicados al debate y al reporterismo de actualidad. Los medios de comunicación españoles dieron visibilidad a una realidad que las instituciones políticas, el Estado con unas mayúsculas actualmente tan poco merecidas no sólo insistían con ningunear, sino condenaban y criminalizaban. Las manifestaciones, la desobediencia civil, la ocupación de espacios públicos o el refugio en apartamentos vacíos tras indiscriminados desahucios fueron tildados como actos de delincuencia, fueron criminalizados, sin cuestionar en ningún momento los motivos y las causas que llevaban a dichas actuaciones, sin querer ver en cada uno de estos casos el instinto de supervivencia, una supervivencia que, sin duda alguna, es completamente alejada de unas altas esferas políticas ignorantes, más allá de su impuesta retórica, de lo que sucede en la cotidianidad de las ciudades, de los pueblos y de los barrios. Los medios de comunicación han ejercido hasta el momento un papel esencial en el desvelamiento de esta realidad, en el dar voz a los protagonistas de estos dramas. Una vez corrido el telón que ocultaba lo incómodo es necesario condenar a los que condenan, desenmascarar aquellos que desde el poder criminalizan unas conductas aún siendo ellos mismos, a través de sus propias decisiones –la ley contra el desahucio es del todo insuficiente al exigir demasiados requisitos y al excluir casos en grave riesgo de desamparo y miseria-, los verdugos.
El debilitamiento y la progresiva reducción del Estado del bienestar resulta una evidencia difícilmente discutible; las reformas económicas y los profundos recortes llevados a cabo no dejan dudas al respecto, pero, el aniquilamiento del Estado del bienestar no viene solo. A lo largo de la historia, desde Reagan, pasando por Margarte Thatcher hasta llegar a la política del No more excuses de Tony Blair, la reducción del Estado del bienestar ha sido proporcional a un engrandecimiento del Estado Penal. El reciente anuncio del ministro de justicia de la reforma del código penal y, sobre todo, la enunciación del artículo 559, según el cual “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración del orden público del artículo 558CP”, no sólo ejemplifica la ampliación de los márgenes de actuación por parte del Estado penal, sino que completa el trazado de un círculo que, si bien no tiene su origen reciente, se ha hecho particularmente evidente en los actos de protesta llevados a cabo por el SAT.
La contundencia con la que, meses atrás, el ministro del Interior no tardó en condenar, llegando a dar directrices a la propia fiscalía, la sustracción de carros de la compra de un supermercado o la rapidez con la que, siempre el mismo ministro, ha invitado al propietario de la finca ocupada, siempre por aquellos días, a poner denuncia contra los miembros del SAT por miedo a que éstos quedaran impunes de una “fechoría” de tal calibre, muestran la intensificación del control penal por parte de un gobierno cuya ideología neoliberal aboga, por el contrario, por una reducción del Estado en cuanto a su participación e intervención pública. No se trata de justificar los actos del SAT, en el caso de que estos sean condenables –legalmente, pues éticamente no lo son- será la magistratura quien deberá decirlo. Se trata, en cambio, y más allá de evidenciar lo absurdo que impregna la vehemente respuesta del gobierno, de poner de manifiesto cómo aquellos que hasta ahora militaban y, en ciertos temas, siguen militando a favor de un “estado mínimo” exigen “más Estado” para poder, como subraya Loïc Wacquant en Las cárceles de la miseria, “enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas, en los sectores inferiores del espectro social, de la des-regularización del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social”.
La condena de la miseria, de la cual el Estado es responsable, no es novedosa, no es exclusiva de nuestro gobierno, sino que tiene sus orígenes más recientes en los Estados Unidos de los años de Reagan, unos años en los cuales, de la mano de Charles Murray, la miseria y los actos de desorden público que ésta puede ocasionar son penados a favor de una supuesta sacralización de los espacios públicos en los cuales el desorden “en los que se complacen las clases pobres” no tiene cabida. No tiene cabida en una España europea la imagen de carritos llenos de comida sustraídos de un supermercado, no tiene cabida la imagen de plazas llenas de gente reclamando los derechos adquiridos a lo largo de una democracia que, a pesar de su juventud, se autodefine como sólida; no hay cabida para los gritos de unas madres, a las que se sustraen pancartas, altavoces y todo aquello que haga más visible su protesta ante las condiciones en las que sus hijos deben ir a la escuela, como tampoco hay cabida para los ancianos que se aglutinan frente a los centros de sanidad pidiendo que no se cierren. Son imágenes incómodas, imágenes que reflejan una realidad de la cual, como afirmaba hace algunos meses Julio Anguita en Salvados, el Estado es su máximo responsable: con sus decisiones, el Estado promueve estas protestas, es el responsable de estos movimientos de protesta que, más allá de los modos a través de los que se llevan a cabo, ponen de manifiesto una miseria creciente de la que para muchos parece no haber salida.
Todos estos actos deben ser penados, de allí el artículo 559 del código penal; todos estos actos deben ser penados, primeramente, como medida disuasoria, pero, en segundo lugar, como modo de enmascarar aquella realidad incómoda para el gobierno, pero también para muchos de sus votantes. Hasta ahora, la miseria y sus “violencias” eran encerradas en los suburbios, en el extrarradio, lejos del centro, como ya en 1657 había hecho en París La Reynei organizando el Gran Encierro de los pobres; sin embargo, el muro que cercaba hasta ahora los suburbios y los barrios “problemáticos” se ha derrumbado, los límites que antes claramente delimitaban las distintas zonas urbanas según el nivel económico se han difumidado, ahora la miseria ya no se concentra en el extrarradio, ahora la miseria ya no es exclusiva de la inmigración ilegal –realidad siempre escondida tras estos muros-, como tampoco lo es del mundo de la droga o de la prostitución, ahora la miseria es propia de las clases trabajadoras, de una clase media profundamente golpeada por los recortes. Los muros se han derribado y la miseria ha llegado al centro, una realidad hasta ahora desconocida se ha plasmado en imagen. De allí, la necesidad de la condena, del control sobre el animal que ha salido de la jaula.
En los años noventa William Bratton, frente a la difusión de la miseria en las calles de Nueva York, reorganizaba el control policial con el objetivo “de calmar el temor de las clases medias y altas –las que votan- mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos (calles, plazas, estaciones, autobuses y metros, etc.)”. Con otros términos y con la excusa de calmar los mercados y de trasladar la mejor de las imágenes posibles, aunque ésta sea falsa, el gobierno se apunta a la reorganización de Bratton, suscribiendo así las declaraciones realizadas en 1999 por Nicolas Dupont-Aignan, diputado del Essone, “cualquiera sea la razón profunda y real de la fractura social, es inaceptable buscar excusas a actos inexcusables. ¿Los tres millones de desocupados, están autorizados a robar, saquear, romper?”.
A través de una ampliación del Estado Penal, el gobierno olvida sus responsabilidades, olvida que precisamente aquellas manifestaciones y actuaciones de protesta, propias de todo régimen democrático -¿acaso no estaba consolidado?-, son resultado de las decisiones socio-económicas por él adoptadas. En lugar de promover, fuera de su ámbito de actuación, actuaciones legales contra dichas acciones, el gobierno debe escucharlas en un análisis crítico que permita comprender los motivos y así evitar toda apriorística condena. Y, sin embargo, el Estado prefiere hablar de “violencias urbanas”, de “desorden público” o, incluso, de “delitos”, conceptos que, como dice Wacquant, son un “artefacto burocrático desprovisto de coherencia estadística y de consistencia sociológica”, antes que “disertar dócilmente sobre sus presuntas causas y sus remedios posibles en los mismos términos asignados por la administración que las innovó con fines internos”.
La criminalización de la miseria no es más que una respuesta hipócrita a una realidad incómoda, las cárceles de la miseria no son otra cosa que la ausencia de reflexión y, sobre todo, de empatía, hacia una situación cuyas causas es necesario comprender para poder hallar los remedios. Si no se comprenden o, mejor dicho, sino se quieren comprender las causas es que, a pesar de la vacía retórica que adorna las palabras, no se quieren buscar soluciones. Como en su día afirmaba Marc Augé en relación a las quemas de coches en los suburbios parisinos, hasta que no se comprenda que el problema radica en la falta de medios económicos, en la ausencia de toda perspectiva de futuro y en la masificación –en el caso de París también concentración- de todos estos factores, el gobierno no está éticamente legitimado a promover ninguna criminilización de dicha situación.