Resignificaciones de términos en épocas convulsas

por Maia Gorostegui Valenti

La palabra, cómo confiar en ella a la hora de informarse supone un complejo espacio de luchas que muchas veces exceden aquello que uno como ciudadano simple, de a pie, trabajador, estudiante, jubilado, puede llegar a imaginar. La duda resuena en la cabeza de cada uno, informarse a veces parece una tarea irrealizable. No suponen estas lineas una mirada pesimista y catastrófica de la cuestión pero sí se intentará presentar una situación lejana para un lector español que se encuentra en los medios habituales con relatos que se alejan de la coyuntura tangible, de aquella historia particular que exige ciertas decisiones políticas. Las modifiaciones políticas en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, se ven desde fuera demonizadas dando voz sólo a aquellos que pretenden mantener los intereses neoliberales bien resguardados.

La cuestión central donde se ponen en juego otras situaciones en Argentina es la Ley de Medios aprobada hace tres años, que supone una serie de cuestiones tendientes a más democracia y diversidad informativa pero, así y todo, uno de sus artículos ha generado no sólo controversias y debates sino un diálogo entre medidas cautelares y reclamos que no pareciera vaya a cerrarse rápidamente. Se trata del artículo 161 que establece un límite preciso de licencias que un solo multimedios puede tener. Esta limitación pone en la mesa un debate amplio que tiene que ver con lo que se entiende por libertad, y ese es uno de los términos que se ha visto resignificado mediáticamente. El Grupo Clarín, que se ve especialmente perjudicado ya que deberá achicar su poder, afirma que se trata de un intento de limitar la libertad de expresión. Cuando en realidad la Ley estipula que ningún grupo puede poseer más del 35% de las licencias. Si se repiensa la cuestión se podría decir incluso que la actual concentración es la que limita la libertad de expresión, pues pequeñas voces con otras necesidades no ven reflejados sus intereses, sino que todo pasa por la capital del país y, claro, por los intereses económicos de este grupo (entre otros). En este sentido, resulta evidente que los medios de comunicación masiva tienen un poder impresionante y que el debate acerca de la responsabilidad del Estado ante ciertos modos de transmitir la realidad es ineludible. Tal vez incómodo para algunos pero definitivamente necesario y democrático.

En el diario El País con fecha del 5 de diciembre se publica una nota que a cualquier lector argentino mínimamente interesado e informado le hizo chirriar los dientes. La fecha no es menor, el 7 de diciembre era el límite inicial para que todos se adecuaran a la ley pero luego de una ardua lucha legal ese límite se ha ido moviendo y aún sigue sin ser realidad. La nota en cuestión se titula“El periodismo argentino en peligro” de Ricardo Kirschbaum (entre otras cosas, editor general del diario Clarín de Buenos Aires) y pone la alarma sobre la libertad de expresión que, de acuerdo con su argumentación, se pondría en peligro fundamentalmente con esta Ley de Medios. Ahora bien, al leer la nota aquel que desconoce la coyuntura actual supone que se está viviendo un estado de dictadura, como aquellas de décadas pasadas ante las que, este mismo diario, no emitió quejas ni defendió las libertades. Sólo como ejemplo se puede recordar dos cartas aparecidas en el primera aniversario del último y más sangriento golpe militar que azotó con una violencia que fue desde el secuestro y asesinato hasta el endeudamiento excesivo de la población, pasando por la coerción a intelectuales que debieron exiliarse. Una del también desaparecido escritor-militante Rodolfo Walsh fue publicada clandestinamente el 24 de marzo de 1977: valiéndose de una argumentación sólida y justificada con datos verificables desnuda la maquinaria represiva del gobierno militar que oficiaba de gestor, violentando cada uno de los derechos adquiridos por los ciudadanos argentinos, solo para el beneficio de unos pocos. Esos mismos que ahora ven temblando ciertos espacios de poder y, fundamentalmente, su inalterable posición económica, entonces, en medio de una situación de violencia sistemática que evidenciaba no se detendría por un largo tiempo -violencia que incluyó 30.000 desaparecidos, exiliados a la fuerza y un deterioro del poder adquisitivo y de la calidad de vida aún de aquellos que no corrían peligro de ser desaparecidos- tanto en el diario Clarín como en La Nación se publica una solicitada de la Sociedad Rural Argentina. En ese breve texto agradecen al nuevo gobierno la acertada dirección del país, utilizan un lenguaje neutral sin siquiera justificar o argumentar sus opiniones. Todo desde un “ascético” lenguaje basado en un supuesto sentido común, que carga a ciertos términos de un sentido coyunturalmente útil, es decir supeditado a los intereses neoliberales y se refieren a un “todos” tan amplio como vacuo. Así, del mismo modo en que Walsh fue fusilado por un “Grupo de tareas” luego de su texto, la SRA recibió los beneficios de José Alfredo Martínez de Hoz. Al leerlas pareciera que refieren a países diferentes, a situaciones diametralmente opuestas. Las palabras comprometen al emisor, no es lo mismo hablar de “la conquista”, del “descubrimiento” o del “encuentro entre dos mundos”, no es lo mismo referirse a los caídos en una guerra como “muertos” que como “daños colaterales”. Tampoco es lo mismo hablar de “reorganización nacional” que de “masacre” o “plan sistemático de exterminio”. Cada modo de referir a la misma realidad, supone tanto un interlocutor como intereses diferentes.

Ahora bien, si acaso resulta interesante revisar estos y otros textos en realidad lo preocupante es que algo similar ocurre actualmente en Argentina. Salvando las distancias -dada la actual economía pujante, dado un Estado de Bienestar que intenta (con sus logros y sus aciertos) rearmarse, dada la posibilidad de opinar lo que se quiera, cómo se quiera, o sea con el tenor que se desee (el gobierno actual derogó una ley que permitía el enjuiciamiento a los periodistas por sus opiniones sean probadas o no)- si se comparan las noticias de diversos medios pareciera que se trata de países diferentes y, lo que es aún peor, se obvian preocupaciones llevadas adelante por pequeños grupos que luchan en la calle (la lucha contra Montsanto o la extracción no convencional de petroleo, por ejemplo). Hoy por hoy en todos los medios informativos de Argentina se puede decir, en hipótesis, lo que a uno le convenga, el tema preocupante es a quién les conviene y por qué. En este sentido hay que obviar por un momento la idea de que el periodismo informa lo que ocurre para aceptar que hay condicionamientos, especialmente económicos, que llevan a opinar determinadas cuestiones de determinada manera. El tema es que, en semejante concentración mediática los intereses no siempre saltan a la vista y la manipulación es más fáctible. Así, dados los conflictos suscitados a partir de la denominada “Ley de medios”el panorama político argentino ha tomado una dinámica maniquea donde cada ciudadano se ve “obligado” a tomar partido entre dos polos opuestos de forma absoluta; es decir, no se trata entonces sólo de esa discusión en particular, sino que muchas otros temas de actualidad se ven condicionados y manipulados obligando al ciudadano a realizar una pesquisa incansable por otras voces. Claro que Internet permite eso, las redes sociales ayudan en gran mediada, pero ¿es suficiente?

Para poner en contexto el tema cabe señalar que dicha ley tiene un artículo especialmente conflictivo para determinados monopolios y a eso se debe la nota citada del editor general del diario Clarin. Es decir, no está realmente en juego la libertad de expresión sino que está en juego la libertad de comercio, la libertad de poder de este grupo. La palabra libertad toma aquí otras significaciones diferentes de las que pretende poner sobre la mesa dicho editor, suponer que se trata realmente de imposibilitar a los periodistas de realizar su labor con compromiso es caer en la trampa astutamente preparada por estos empresarios. Las repetidas medidas cautelares presentadas por el Diario Clarín para impedir la aplicación del conflictivo artículo 161 ponen palos en la rueda en ese camino originalmente trazado cuando de forma comunitaria y en diferentes ámbitos se debatió un tema de vital importancia para eliminar las corporaciones de un país democrático. Siguiendo la idea vectora de defender el surgimiento de pequeñas y medianas empresas que generen puestos de trabajo y den opciones nuevas con la aprobación de esta ley hay 500 Universidades Nacionales tendrán televisión propia, 9 nuevos polos audiovisuales tecnológicos que articularán a 750 organizaciones, 365 nuevas licencias de AM y FM, además se reserva el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, más de 1100 nuevas frecuencias para radios municipales, más de 50 radios universitarias, más de 130 radios en los colegios, más de 20 radios de los Pueblos Originarios, más de 50 cooperativas de servicios audiovisuales con licencia. Además, dado que la ley exige y estimula la producción local e independiente de contenidos originales se ha generado una descentralización y más del 60% de las 42 series de ficción realizadas desde su aplicación fueron realizadas fuera del centro, o sea fuera de Capital Federal. Así, además de diversificar las voces, de pluralizar las miradas se han generado más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país. Mientras en el Grupo Clarín los mismos contenidos informativos producidos una sola vez se retransmiten en diferentes medios y las mismas ficciones de décadas pasadas se vuelven a mostrar sin que aquellos que trabajaron en esas producciones culturales vean retribución alguna. Gramsci sostiene que un diario es un partido inorgánico, y ese fue el objetivo cumplido del Diario Clarín: marcar la agenda política argentina. Cambió de posición una y otra vez, negoció con uno y otro gobierno, pasando de ser un diario de segunda o tercera a uno de primera categoría y, finalmente, a un grupo económico que determina qué se dice y qué no se dice en una cantidad de medios periodísticos llamativa. Medios con diferentes nombres responden a la misma linea editorial, determinando los temas de actualidad y el modo en que son tratados. Ver el mapa de los medios, publicado y explicado por el periodísta Jorge Lanatta (que ahora devino en fiel defensor de los intereses de este grupo), sorprende y atemoriza hasta al más incrédulo. Cabe aclarar que las modificaciones que supone el artículo en cuestión sólo les haría desinvertir en un porcentaje de sus propiedades y, así todo, seguirá siendo el grupo que más licencias tenga en su haber. Actualmente posee el 75% de las licencias y aún cuando deje de tener parte de dicho patrimonio mantendrá mucho más poder mediático que cualquiera de esas nuevas radios, periódicos o incluso que muchos de los existentes. De cautelar en cautelar, sobornos y otras estrategias han frenado la completa aplicación de la ley durante 3 años: ¿Hasta dónde llegará el tema? Eso el tiempo lo dirá, lo que queda claro es que las redes de poder ocultas detrás de los medios, las redes de intereses son más grandes y poderosas de lo imaginable por cualquiera de esos lectores de a pie que leen este y otro diarios, que miran TN, escuchan Radio Mitre o pasan un buen rato con las novelas de Canal 13. Algo similar a esas dos cartas del 24 de marzo de 1977 ocurre actualmente, y faltan voces que desarmen los relatos polarizados. Son muchos, tal vez demasiados, los hechos que son presas de la malainformación, en todo lo que influye en la vida de cualquier ciudadano y allí hay un riesgo enorme. ¿A quién creerle? Una opción es no creerle a ninguno y preocuparse por lo cotidiano, subsistir y no preocuparse, pero así todo siempre habrá quiénes crean una u otra versión de la historia y serán aquellos quienes tomen las decisiones. En cuanto a la ley en cuestión ocurre lo mismo, pero con la diferencia de que, tal y como afirman en la serie “Clarín un invento argentino”, un diario es un negocio que permite hacer otros negocios.

Narrar esta situación es difícil, no sólo por su complejidad, sino también por el coro de voces que de un lado y otro intentan imponer su posición, también porque supone un entramado político, económico y social largo y denso. Una historia sabida por todos pero aceptada por pocos donde unos se enriquecen a costa de los deslazados de siempre. Esto no significa que el gobierno actual de la República Argentina sea el ideal pero si que no se pueden lograr cambios significativos tendientes a mejoras que hagan más vidas justas defendiendo los intereses de un monopolio. Sí, es un monopolio porque es un conjunto exagerado de medios que monopolizan la información, la tergiversaran a sus anchas y las urgencias reales (los pobres que aún existen, la salud en peligro por el avance de la soja transgénica y de la extracción no convencional de petroleo que contamina agua y tierra, los niños que aún con las mejoras actuales tienen falencias de todo tipo) quedan en el olvido. Aquellos que aún nos preocupan esas cuestiones, y otras posibles y concretas, vemos en la real implantación de dicha Ley de Medios una luz para que otras voces se hagan oír. Ojalá así sea, porque no se trata de restarle a nadie sino de sumar para todos.