Guerra imperialista en Libia

Por Rafael Aragüés Aliaga.

Los voceros oficialistas del Estado Español, sean de las palomas o de la rosa, no paran de sacar pecho de la honrosa participación española en la guerra de Libia. «¡No es Irak! Aquí hay una resolución de la ONU», dicen muchos aquellos que en su día llamaron a la movilización contra la guerra del trío de las Azores. Las tropas de Gadafi (o los «mercenarios», o «pro-Gadafi», como muchas veces gustan de rebajar lo que no les place ya más) están bombardeando a su propio pueblo y, si no se interviene, hay peligro de que se produzca un genocidio. Sólo para evitar esto es necesario establecer una zona de exclusión aérea, es decir, tomar el control militar de buena parte del espacio aéreo de Libia, a fin de que los aviones de Gadafi no lancen bombas contra mujeres y niños.

A más de un ciudadano le domina la sensación de no entender nada de lo que está pasando en realidad. Y ante esta malcomprensión del estado de cosas, el ciudadano honrado y desinformado (y lo peor de todo, convencido de que su Estado y sus medios de comunicación son tan honrados como él) decide confiar en sus dirigentes, con el consuelo de que se trata de una causa humanitaria y libertadora. Con todo, esta sensación de que hay algo incomprensible en todo esto se debe sin embargo a la abierta contradicción entre lo que hacen, y lo que dicen que hacen los países intervinientes en el conflicto libio. Tal flagrante contradicción podrá ser enturbiada por el machacante discurso monológico de los omnipresentes medios de comunicación. Pero sigue estando ahí, pues ni la supuesta causa, ni la supuesta consecuencia, se corresponden con los hechos.

Que las tropas de Gadafi han atacado deliberadamente civiles es algo que podemos leer y escuchar por todas partes, y cuyas pruebas no obstante nadie presenta. Es un hecho, más allá de lo que los voceros de turno gusten de opinar, que las tropas oficiales del dictador libio, ni han cometido crímenes contra la Humanidad durante el transcurso de estos combates, ni es previsible que los cometan. Estamos ante un genocidio cuando un Estado o un grupo armado muestra la intención y en su caso la ejecuta, de eliminar masivamente una población por razones de raza, etnia o religión. Los nacionalsocialistas alemanes, contra los judíos o los gitanos. Los hutus ruandeses contra los tutsis. Este claramente no es el caso libio. Se trata de un Estado que se enfrenta en guerra contra un grupo insurgente que busca ante todo hacerse con el poder, lo que se llama una guerra civil.

La causa de la intervención, por tanto, no es la prevención de una masacre, sino más bien, la prevención de un hecho casi seguro: la victoria de las tropas del régimen contra los rebeldes. Pero la consecuencia, o sea, la intervención misma, tampoco es lo que dice ser. El disfraz del ataque es el establecimiento de una zona de exclusión aérea, a fin de evitar el ataque a civiles. ¿Qué hacen, de hecho, los aviones franceses, las fragatas estadounidenses, y demás animales de rapiña? Atacar abiertamente a las tropas, las defensas y las infraestructuras militares controladas por el gobierno libio. Es decir, tomar partido abiertamente en un conflicto civil, en este caso, del lado de los sublevados. Y así lo muestran las crónicas de los massmedia, en las que ni un solo ataque aliado a las tropas sublevadas se registra, sino que, más bien al contrario, se acompañan de fotos de soldados rebeldes felicitándose por la intervención extranjera. Las tropas coaliadas, entre ellas las fuerzas españolas, están tomando partido sin ningún género de duda en una guerra civil, determinando el desenlace de ésta, asegurándose su buena cuota de influencia en un futuro gobierno libio, y con ello violando la soberanía nacional de Libia y los más fundamentales principios del Derecho Internacional. No olvidemos algo, que, aunque a veces desagrade, es de importancia fundamental. Aunque el régimen de Gadafi, de puertas a dentro, sea, debido a su carácter antidemocrático, ilegítimo para su pueblo, es de puertas a fuera, a los ojos de otros Estados, un Estado soberano y autónomo en cuyos asuntos otros países no pueden, legítimamente, inmiscuirse. Y así lo habían respetado hasta ahora. No sólo eso, sino que Libia era un miembro plenamente aceptado en la comunidad internacional y su gobierno, Gadafi a la cabeza, recibido con todos los honores en todas las capitales de Occidente. Hasta ahora, porque la perspectiva de sacar provecho de un cambio de régimen en Libia es más apetecible que el respeto a la soberanía nacional de un Estado. Esta toma de partido en la guerra civil libia supone una violación de los principios más fundamentales del Derecho Internacional y un precedente más de inestabilidad y de ruptura de la paz a nivel mundial.

Las potencias europeas y estadounidenses no dan puntada sin hilo. Primero van a por lo que quieren, después inventan las razones. Se mostraron atentas al principio del conflicto, cuando los rebeldes soñaban con entrar en Trípoli en unas semanas. Esperaron, y cuando la situación se ha dado propicia, actuaron. Llegado un punto, los rebeldes no tenían posibilidades reales de victoria, su final era cuestión de días, y las negociaciones con las potencias imperialistas se intensificaron. Su situación era cada vez más desesperada y su única salvación era una intervención externa, de terceros, que resolviera el conflicto a su favor. Para ello, firmaron, firman y firmarán lo que haga falta. La «guerra de liberación» de Libia será, muy al contrario, la consolidación de las cadenas que aten al futuro gobierno al control de las potencias europeas. Una vez negociados previamente los futuros contratos de gas y petróleo, los buques de guerra y cazabombarderos cruzan en unas horas el Mediterráneo para poner en su sitio a quien habrá de firmarlos.

La clase política española en su conjunto, con si bien significativas, no obstante minoritarias excepciones, y sus dos grandes partidos, poseedores de facto de la soberanía nacional, se han apresurado a unirse a la rapiña y a mandar a los F-18 relucientes a amortizar a beneficio de intereses «españoles», se entiende, de las multinacionales de origen español. Ese hipócrita movimiento político, que saca los aviones sin pensarlo para violar de hecho los principios jurídicos fundamentales entre Estados en pos de la libertad y los Derechos Humanos es tanto más mezquino, en tanto que hace ya 36 años que este mismo Estado Español dejó abandonado a su suerte, o mejor dicho, a la voluntad del Estado marroquí, al pueblo saharaui, precisamente otro vecino, éste más cercano todavía, del norte de África. El valor que tiene el Parlamento y el Gobierno de España para atacar Libia, le falta desde hace años para resolver con decisión el problema en el Sáhara, donde sí hay un pueblo que se ve sometido por una fuerza externa. Con ello definen los políticos españoles, gallinas de ese corral vigilado por Juan Carlos I y llamado Congreso, el carácter principal de la política exterior española: el imperialismo, la incursión en la soberanía de otros Estados a favor de los intereses de las grandes corporaciones hispánicas. No todo en la guerra es destrucción, han aprendido los partidos políticos españoles, superado el trauma de nuestra Guerra Civil. Pues las bombas que los F-18 lancen esta noche, darán los beneficios de Repsol del mañana.

La izquierda no puede llamarse a engaños. En primer lugar, la oposición a Gadafi no es un movimiento democrático, por mucho que su sublevación tenga proximidad geográfica y temporal con otras revueltas cívicas en el Mundo Árabe. Es una representación reaccionaria, y la misma expresión «Mundo Árabe» que utilizamos nosotros peca de ello, el extrapolar conclusiones y analizar sin diferencia países como Egipto, Libia, Túnez, Argelia o Marruecos, todos dentro del mismo saco. Parecida, y tan molesta, a la que en otros contextos se hace al hablar en general de países sur-europeos o mediterráneos y analizar en los mismos parámetros países tan distintos como Grecia, Francia o España. Los sublevados no son la versión libia de los manifestantes de la plaza de Tahir. La intervención extranjera, en segundo lugar, no busca imponer la paz en Libia ni proteger los Derechos Humanos, sino que más bien constituye una violación del Derecho Internacional y un peligroso precedente, aun cuando la ONU se haya instrumentalizado en esta ocasión para legitimarla. Su objetivo no es, y esto lo saben todos, proteger a la población civil, sino derrocar a Gadafi y aupar a la victoria al «Consejo Nacional» a cambio de importantes prevendas, que convertirán al futuro gobierno libio no en expresión de la soberanía nacional, sino en títere de los intereses imperialistas. El dilema, por tanto, no es desde una posición de izquierdas entre democracia y dictadura militar. No hay, en realidad, dilema. Siempre contra el imperialismo.